Preguntas frecuentes

Cuando una persona carece por completo de capacidad de obrar en uno, alguno o todos los ámbitos de la vida, o bien, el déficit de capacidad de obrar en uno, varios o todos los ámbitos de la vida es tan marcado que no es suficiente ese mero complemento del que hablábamos antes, hay que suplir la capacidad de la que naturalmente carece para una adecuada protección de sus derechos, de modo que pueda actuar en la vida jurídica en igualdad de condiciones con las personas que, por naturaleza, tienen plena capacidad de obrar. Así pues, mediante la modificación de la capacidad jurídica se suple la deficiencia que la sitúa en inferioridad con respecto a las demás personas, dotándola de los medios e instrumentos necesarios para garantizar el correcto ejercicio de sus derechos. Para ello se valora en cada caso el estado de salud, las condiciones personales y el grado de afectación.

En definitiva, se trata de un proceso para otorgar una medida de protección y de asistencia para la toma de decisiones previstas por la ley en favor de una persona, siguiéndose así el denominado modelo de sustitución o apoyo en la toma de decisiones -tutor/a o curador/a-, necesario para la protección a esa persona.

Esta condición es revisable en el tiempo y ajustable a las necesidades de cada persona.

• La Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad

La Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, firmada en Nueva York el 13 de diciembre de 2006 es un instrumento internacional de derechos humanos generado por la Organización de Naciones Unidas. El propósito de la Convención es promover, proteger y asegurar el goce pleno, y en condiciones de igualdad, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad y promover el respeto de su dignidad inherente. España la ratificó el 3 de diciembre de 2007 y está en vigor desde el 3 de mayo de 2008.

La Convención se basa en los principios de respeto, no discriminación, participación e inclusión plena en la sociedad, respeto por la diferencia, igualdad de oportunidades, accesibilidad, igualdad entre el hombre y la mujer y respeto a la evolución de las facultades de los niños con discapacidad, así como el derecho a preservar su identidad. Del contenido de la Convención derivan una serie de obligaciones para los Estados Partes. Éstos se comprometerán a asegurar y promover el pleno ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas con discapacidad sin discriminación alguna por motivo de discapacidad.

La Convención de Naciones Unidas ha desplegado sus efectos en la jurisprudencia española, revisándose el concepto de incapacidad y señalando el Tribunal Supremo español la importancia de que la figura de la tutela se emplee como un complemento y no como un sustituto de la capacidad del sujeto, debiendo individualizar los casos para poder adoptar la medida que sea más favorable conforme a la manera en que cada sujeto se vea afectado. Además, señala la importancia de que las personas afectadas por una sentencia de modificación de capacidad puedan ejercer el derecho al voto siempre que su situación se lo permita.

Son causas de incapacitación las enfermedades o deficiencias persistentes de carácter físico o psíquico que impiden a la persona gobernarse por sí misma, según establece el artículo 200 del Código Civil, por lo cual cualquier persona en esas circunstancias puede, y debe, ser objeto de modificación de capacidad para poder dotarla de los apoyos oportunos y concretos que pueda precisar.

La tutela es aquella institución de derecho de familia cuya finalidad es la de proteger bien la persona, bien el patrimonio, bien ambas cosas, de una persona menor de edad o incapacitada o con la capacidad modificada judicialmente. Se ejerce bajo control y supervisión judicial. Y afecta a:

1. Personas menores de edad no emancipadas que no estén bajo la patria potestad o que se hallen en situación de desamparo.
2. Personas con sentencia de modificación de capacidad, cuando la sentencia lo haya establecido así.
3. Personas sujetas a patria potestad prorrogada, al cesar ésta, salvo que proceda la curatela.

La pretutela es el compromiso de futuro que la Fundación Tutelar adquiere con la persona con diversidad funcional y su familia, para que cuando falte el apoyo familiar la persona no se quede en situación de desamparo y el nuevo escenario le sea más cercano y conocido.

También se considera pretutela aquellos compromisos adquiridos con la persona con diversidad funcional en una situación grave de desamparo cuya demanda viene dada por los Centros de Servicios Sociales o entidades de atención directa.

La constitución de la tutela es siempre y en todo caso judicial, esto es, será la autoridad judicial competente quien determinará y nombrará al/a la tutor/a o curador/a, dándole igualmente posesión de su cargo, supervisando y controlando sus actuaciones.

Conforme establece el Código Civil, para el nombramiento se preferirá:

• Al designado por la propia persona con diversidad funcional.
• Al cónyuge que conviva con el tutelado/a.
• A los padres.
• A la persona o personas designadas por los padres en su testamento.
• Al descendiente, ascendiente o hermano que designe el juez.
• Cualquier otra persona o entidad tutelar.

El juzgado tiene potestad para alterar este orden de preferencia, y puede incluso prescindir de todas las personas mencionadas, si con ello se beneficia a la persona. En tal caso, debe justificar su decisión motivando por qué ésta es la mejor opción para la persona a la que se refiere. Y existen causas de inhabilidad para poder ser tutor/a.

La diferencia fundamental entre la tutela y la curatela radica, en términos coloquiales, en que la primera sustituye a la capacidad de la persona incapacitada (el/la tutor/a “firma” en sustitución de la persona sujeta a tutela), mientras la segunda complementa la capacidad limitada de la persona con capacidad limitada (el/curador/a “firma” junto con la persona sujeta a curatela en aquellos ámbitos fijados por la sentencia).

SI; los padres, por ejemplo, pueden prever varios tutores o curadores en su testamento (familiares, personas de confianza o entidades tutelares), pero siempre sujetos a la decisión final del juzgado.

• Prestar su apoyo y asistencia para la toma de decisiones que hayan sido establecidas por el juez en su sentencia.
• Proteger los intereses de la persona y velar por su bienestar, teniendo en cuenta sus deseos, sus necesidades y sus circunstancias económicas personales, cuidando de que se promueva su autonomía personal y tenga una calidad de vida digna, así como por la buena administración de sus bienes.
• Fomentar la confianza y las aptitudes de las personas con diversidad funcional, de modo que puedan ejercer su capacidad jurídica con menos ayuda en el presente o en el futuro.

Los apoyos deben prestarse siguiendo las condiciones que la Convención establece:

• Tratando de impedir cualquier abuso en materia de derechos humanos.
• Respetando los derechos, la voluntad y preferencias de la persona.
• Evitando conflictos de interese e influencias indebidas.
• Adoptando en cada momento apoyos proporcionales, en función de las necesidades de la persona, en el plazo más corto posible.
• Dando cuenta al juez de la forma en que se ejercitan tales apoyos y de la situación y necesidades de la persona a la que estos se refieren.

Y debe tenerse en cuenta en todo caso, que ante todo el artículo 268 del Código Civil dispone que: “Los tutores ejercerán su cargo de acuerdo con la personalidad de sus pupilos, respetando su integridad física y psicológica. Cuando sea necesario para el ejercicio de la tutela podrán recabar el auxilio de la autoridad”.

NO; a no ser que el juez dictamine lo contrario.

NO; únicamente los heredaría en el caso de que así lo especificasen sus progenitores en su testamento o la persona con diversidad funcional, si tuviera la capacidad jurídica para poder realizar este documento.

La patria potestad es el conjunto de deberes y facultades de los padres hacia sus hijos, que deben ejercer siempre en beneficio de éstos. En el art. 201 del Código Civil se establece la posibilidad de una incapacitación preventiva de las personas menores de edad cuando se prevea que la incapacidad continuará después de la mayoría de edad. De esta forma, la patria potestad de los padres queda prorrogada cuando ese/a hijo/a alcanzan la mayoría de edad, y no hay tutor/a o curador/a, sino padre y/o madre con la patria potestad prorrogada. Esa patria potestad se ejerce con arreglo a lo que disponga la resolución de modificación de capacidad y, subsidiariamente, ateniéndose a las reglas que rigen las relaciones paternofiliales.

A diferencia de la tutela, no exige rendición de cuentas periódica o final al juzgado o Ministerio Fiscal, sin perjuicio de que, como con cualquier persona, se puede poner en conocimiento cualquier circunstancia que suponga riesgo o directamente un daño para la persona sujeta a patria potestad rehabilitada, para que se adopten las medidas de protección oportunas.